La Justicia levantó el secreto fiscal a un directivo de Clarín por posible lavado de dinero

La Cámara Federal consideró pertinente el pedido de la Unidad de Información Financiera sobre los movimientos por millones de pesos que habría realizado Lucio Pagliaro, entre el y el . Se investigan también eventuales estafas al sistema previsional por parte del empresario.
La Cámara Federal ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de Lucio Rafael Pagliaro, accionista mayoritario del Grupo Clarín, para determinar si las operaciones sospechosas por millones de pesos efectuadas por el empresario, y reportadas a la Unidad de Información Financiera (UIF) por el Banco Central, constituyeron maniobras de lavado de activos, informó el Ministerio de Justicia.

Tras recibir los reportes del Banco Central, sobre un incremento en los bienes de Pagliaro en los años y que no fue respaldado con documentación, la UIF requirió el levantamiento del secreto fiscal al juez federal Julián Ercolini, que desestimó el pedido.

En ese marco, el presidente de la Unidad, José Sbattella, apeló la medida ante la sala I de la Cámara Federal, que ahora habilitó el trámite para disponer de la información tributaria correspondiente al período .

Paralelamente, Sbattella denunció en los tribunales la violación del secreto fiscal por cuanto Pagliaro se presentó ante el juzgado Ercolini para impugnar los pedidos de la UIF cuando aún no tenía formal conocimiento de las investigaciones.

En forma simultánea, se iniciaron acciones para determinar si las transacciones sospechosas en cuestión se relacionan con una millonaria estafa al sistema previsional por la que existe un proceso penal que involucra al Grupo Clarín, al Banco Patagonia y a la consultora Consultatio.

“Nos hallamos ante un Reporte de Operación Sospechosa efectuado por el Banco Central en relación al incremento en los bienes exentos declarados impositivamente por Lucio Pagliaro sin poder justificar dicho incremento con la información disponible", dicen los escritos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

El documento precisa: "De ahí la alegada necesidad de la Unidad de Información Financiera de contar con las copias de las declaraciones juradas presentadas por dicho contribuyente durante a , inclusive, respecto de distintos impuestos, e informes en punto a si se le habrían realizado inspecciones, verificaciones o fiscalizaciones; y, en su caso, copias de las actuaciones correspondientes".

La sala I de la Cámara ya había establecido un valioso antecedente sobre la procedencia del levantamiento del secreto tributario requerido por la UIF cuando, en noviembre pasado, ordenó avanzar en las investigaciones sobre operaciones sospechosas efectuadas por José Antonio Aranda, también accionista del Grupo Clarín reportado por el sistema bancario por transacciones inusuales por casi millones de pesos.

El tribunal de apelaciones dijo entonces que el pedido de la UIF constituye un procedimiento administrativo para conocer información que obra en poder de la Administración Federal de Ingresos Públicos y así, posibilitar el análisis por parte de la Unidad en orden a establecer si existieron maniobras de lavado de activos.

“No debemos olvidar el carácter del organismo solicitante. La UIF actúa en una doble función de filtro. Por un lado, porque se posiciona como intermediaria entre el sistema financiero, bancario y de negocios y las agencias judicial y policial. Por el otro, pues descarta aquellas operaciones que carecen de entidad para ser calificadas de sospechosas”, indicó entonces la Cámara.

Y añadió que “la UIF cumple una tarea prejudicial en el desempeño de la cual recibe de los sujetos obligados previstos (entre ellos, los bancos) información privilegiada para su análisis, tratamiento y eventual transmisión a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para en el caso de considerarlo pertinente, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público”, que luego puede promover acciones judiciales.

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